ASOCIACIÓN DE PROMOTORES DE ENERGÍA EÓLICA DE CASTILLA Y LEÓN

 

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DETALLE DE LA NOTICIA

29-02-2012

APECYL acuerda por unanimidad en su Asamblea General ejercitar todas las acciones judiciales correspondientes contra el establecimiento de la Ecotasa

La Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León considera que el establecimiento de este impuesto vulnera el criterio del Constitucional establecido en resoluciones precedentes que afectaron a otras CCAA que pretendieron establecer tributos de manera similar a éste y que finalmente declararon inconstitucionales.

La ASOCIACION DE PROMOTORES DE ENERGIA EÓLICA DE CASTILLA Y LEÓN (APECYL) en Asamblea General celebrada hace unas fechas acordó por unanimidad ejercitar todas las acciones judiciales correspondientes, incluido el recurso ante el Tribunal Constitucional y los Tribunales de Justicia europeos, contra el establecimiento del nuevo impuesto que penalizará la generación de energía eléctrica de manera renovable por medio de lo que se ha conocido como la “ecotasa”.

El establecimiento de dicho impuesto, en opinión de APECYL, vulnera el criterio del Tribunal Constitucional establecido en resoluciones precedentes que afectaron a otras CCAA que pretendieron establecer tributos de manera similar a éste y finalmente se declararon inconstitucionales.

No es comprensible que la justificación del impuesto sea la supuesta afección medioambiental causada por los parques eólicos, cuando precisamente ésta es la manera de generar energía más respetuosa con el medio ambiente, como señalan todas las organizaciones ecologistas, siendo una actividad que, según establecen las Directivas Comunitarias y la legislación española, debería de ser fomentada y no penalizada, precisamente por su alto valor medioambiental como alternativa a otras medios de generar energía muchísimo más contaminantes. La perplejidad llega a su máxima expresión cuando comprobamos que este impuesto, que teóricamente grava la afección medioambiental en la generación de energía eléctrica, deja fuera del mismo a la energía procedente de las centrales térmicas que usan como combustible la quema de carbón. Aparentemente, para los autores de esta Ley estas actividades no suponen ningún tipo de afección medioambiental digno de ser gravado, como sí lo son las energías hidráulica y eólica.

Advertimos del riesgo cierto de que muchas decisiones de inversión de decenas de millones de euros y de creación de cientos de puestos de trabajo relacionadas con futuros proyectos, que estaban comprometidos para ejecutarse en Castilla y León en los próximos años, se vayan a otras CCAA que no penalicen de esta manera la generación renovable, especialmente en un entorno tan difícil como el actual y en el que el Gobierno de la nación acaba de acordar la moratoria indefinida del régimen de primas a las renovables, con lo que la dificultad para sacar adelante los proyectos y la competencia entre CCAA va a ser mucho mayor, y que el nuevo impuesto hará inviables muchos de ellos, echando por tierra el gran trabajo hecho hasta el momento entre la Junta y el sector que ha colocado a nuestra Comunidad liderando el desarrollo eólico nacional. Constatamos que las otras dos CCAA que establecieron un impuesto similar, Galicia y Castilla la Mancha, han sufrido desde entonces la práctica paralización de nuevos proyectos en sus territorios. No queremos que esto nos pase aquí.

Rechazamos la alteración de la reglas del juego por parte de las Administraciones Públicas que el sector de las energías renovables viene padeciendo desde hace unos años. La seguridad jurídica es un valor que las Administraciones Públicas no deberían desconocer.

Probablemente la CNE acabe dando la razón a quien sostiene que se ha de trasladar el coste de este impuesto a los ciudadanos a través de la tarifa eléctrica. Este impuesto al final lo pueden acabar pagando los ciudadanos de Castilla y León a través de una nueva subida de su tarifa eléctrica.

El sector ha ofrecido a la Administración Autonómica su disponibilidad a buscar una solución que, teniendo muy presente la difícil situación económica que atravesamos y ejerciendo el que creemos es nuestro deber de responsabilidad para con la sociedad, establezca un medio para colaborar a superar estos momentos difíciles pero sin comprometer el futuro del desarrollo eólico en nuestra comunidad y todos los beneficios asociados al mismo y sea racional y equitativo en el reparto del esfuerzo, lo que –en nuestra opinión—no hace la citada Ley.

APECYL